Lo primero, vaya por delante, que hay que anotar en su haber –de la Ley y del Sistema– es que era hora ya de que España encarara ciertas demandas sociales no atendidas, o insuficientemente atendidas, como una cuestión de derechos, desterrando para siempre enfoques bienintencionados, paternalitas o de mera y vergonzante beneficencia. Las demandas sociales, imperiosas y apremiantes, derivadas de las necesidades intensas de apoyo para la autonomía personal que presentaban y presentan capas cada vez más numerosas de la población, por razones asociadas a la edad, al envejecimiento, o a la discapacidad. La respuesta a estas demandas, antes de la Ley, era desigual, débil y fragmentaria, era casi tan nula, que no puede decirse que en rigor, como país, se estuviera respondiendo a unas necesidades ostensibles, que las personas y las familias más concernidas las experimentaban en términos de carencia y hasta de desamparo. 

 

Con la Ley, y ello es mérito no menor, los poderes públicos, por fin, toman conciencia (y cartas en el asunto) de que ciertas necesidades sociales que nunca han estado con la relevancia suficiente en la agenda política y legislativa y por ende tampoco en la acción pública (las personas con discapacidad y las personas mayores siempre hemos permanecido situadas en cierta zona de sombra, presencias cuasi fantasmales del medio social, entre incómodas y prescindibles, condenadas a la imperceptibilidad) y tratan de responder a las mismas en clave de derechos, de derechos sociales, fundados en la aceptación explícita de que asegurar unos mínimos vitales de dignidad para todos los componentes de la comunidad política es también una responsabilidad pública, forma parte -¡cuán tardíamente, podríamos decirse, y con razón!- del contrato social en que se basan las sociedades democráticas avanzadas. 

 

De ahí, que los movimientos sociales de la discapacidad y de las personas mayores, saludáramos, en su nacimiento, esta Ley, no porque fuera acabada y perfecta, que dista mucho de serlo, y se ha visto y comprobado en estos cinco primeros años de andadura, sino porque inauguraba, en España, un camino, el de los derechos, apenas transitado en las políticas y legislaciones de carácter social que en nuestra cierta ingenuidad –y la crisis actual no está sacando con extrema violencia de ese candor– pensábamos que era irreversible, que no tendría vuelta atrás posible. Como punto de inflexión, como giro que apuntaba en la buena dirección, que luego hay que consolidar y ensanchar, la Ley fue un acierto colectivo, un buen lance de país, que asume como comunidad que algo tiene que ver en la suerte de todos y cada uno de sus miembros, particularmente de aquellos situados, como las personas con discapacidad y las personas mayores, y sus familias, en posiciones de partida menos ventajosas. Y así hay que decirlo, cuando tantas cosas valiosas están en entredicho o a punto incluso de verse arruinadas, anegadas por la riada de la crisis. 

 

Sentado y salvado lo anterior, que puede adscribirse al terreno de lo más cualitativo, que en tanto está conectado con el ejercicio del pensamiento y la aplicación del juicio, en nuestro país siempre se inclina despreciar, es preciso pasar a planos más prácticos. Y en esta dimensión, en la del día a día, el despliegue de la Ley no ha sido modélico, mal que nos pese. Por pecados originales de modelo, como el hecho de que no naciera inserta en la esfera de acción pública del sistema de la Seguridad Social, como reclamamos en su momento muchos, o que, desde una perspectiva de discapacidad, sea una norma menos de autonomía personal cuanto de pura dependencia pasiva, resignada a remediar y no, como debiera, a activar y prevenir los entornos, las actitudes y las prácticas que generan dependencia, y a habilitar positivamente para la autonomía y la vida independiente, la Ley y el sistema son manifiestamente mejorables. Por deficiencias estructurales de gobernanza eficiente –multiplicidad de focos de decisión llamados a desarrollarla que por motivos espurios no se dan la oportunidad de una cooperación leal y productiva, lo cual aboca indefectiblemente a velocidades distintas y a la inequidad territorial– y por la indefinición de un esquema de financiación más voluntarista que nítido, sostenido y sostenible, la Ley y el sistema, en estos cinco años de vida, no ha alcanzado ni de lejos el potencial que encerraban. Pero que no lo haya logrado, no quiere decir que no pueda hacerlo. 

 

Todo este estado de cosas es reconducible, y ha llegado el momento de planteárselo, con convicción, con inteligencia y con voluntad, cinco años después. España como país puede -incluso económicamente, que parece ser el único criterio a la hora del gobierno, la política como mera sucursal de la economía- y debe crear y mantener un potente dispositivo de protección social que promueva la autonomía personal y mitigue los efectos negativos de la dependencia. Que la prueba no haya salido del todo bien, no significa que no se continúen con los ensayos. Basta dotarse de un mejor libreto, y estamos en condiciones para ello. Millones de ciudadanos, con los que la sociedad tiene contraída una deuda ingente e histórica, nos interpelan y aguardan ávidos. Sí, sí a la Ley y al proyecto colectivo de dignidad que la animaba, pero no necesariamente así, como se ha hecho en estos cinco años de vida. Hay otros modos, más y mejores, y están a nuestro alcance.